La Paz 26 Feb. (CMI Sucre).- De acuerdo al informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estado Unidos, que fue presentado por Hillary Clinton, secretaria de Estado de ese país, hubo problemas de respeto a los derechos humanos en Bolivia, según este informe se "habría detectado" indicios de violación a los derechos humanos, mencionándose detenciones "arbitrarias", amenazas a los derechos civiles, ataques del Poder ejecutivo al Poder judicial, duras condiciones de las cárceles, entre otros en el Gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma.

El documento menciona que el gobierno de Bolivia habría respetado los derechos humanos en general, pero según este informe existieron algunos problemas en aéreas como: "abusos por parte de fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias; ataques contra el poder judicial por parte del poder ejecutivo; amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa; uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos; corrupción y falta de transparencia en el gobierno; discriminación en razón de género, pertenencia étnica y orientación sexual; trata y tráfico de personas; trabajo infantil; trabajo forzado o bajo coacción; condiciones de trabajo deplorables en el sector minero".

Audio Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales: Sacha Llorenti -

Este informe sale a la luz cuando el actual presidente de Bolivia empezó a denunciar la influencia de la CIA en asuntos internos de Bolivia, específicamente en la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), empresa que se vio involucrada en actos de corrupción a través de su presidente Santos Ramírez. Un hecho que llama la atención es que se podría estar cumpliendo las amenazas del ex embajador norteamericano Fillip Golbert, quien fuera expulsado del país por el presidente, tras comprobarse que éste se reunía con los dirigentes de la denominada "media luna" y grupos opositores los cuales habrían intentado propinar un golpe cívico prefectural, dicho golpe tuvo su máxima expresión cuando se dio la masacre de campesinos un jueves 11 de septiembre de 2008 en el pueblo de El Porvenir en el departamento de Pando.

Por su parte el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, calificó este documento de inadmisible, grosero y parcializado, "el informe es inadmisible para el gobierno de Bolivia, es una simplificación grosera de la realidad nacional que esta políticamente motivado y tiene una tendencia parcializada", mencionó también que el gobierno de los EEUU puede hablar del tema de DDHH cuando expulse a Gonzalo Sánchez de Lozada, de su país.

Cabe recordar que éste ex presidente de Bolivia esta siendo acusado por victimas y organizaciones sociales que conforma el Comité impulsor del Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Losada y sus colaboradores, por la masacre de septiembre y octubre del 2003, en esta ultima fecha cayeron alrededor de 60 personas y más de 400 heridos en Bolivia. Actualmente el ex presidente esta siendo protegido por los EEUU, en especial por el ( Departamento de Estado de ese país, quienes apoyaron una carta presentada por ex embajadores norteamericanos, el 19 de septiembre de 2008 que tenía la intención de evitar el juicio civil que se le esta siguiendo a Gonzalo Sánchez de Lozada en los EEUU por las masacre de octubre de 2003.

Por otra parte, dirigentes de organizaciones sociales en el departamento de Chuquisaca se pronunciaron respecto a este informe anual, mencionando que ?"EEUU no tendrían moral para hablar de derechos humanos peor aún de justicia", recordaron los casos de: Tipton Three, ciudadanos británicos que viajaron a Pakistán para una boda en vísperas del ataque occidental contra los talibanes, cruzaron la frontera con Afganistán con la vaga idea de ayudar a otros musulmanes y fueron a dar a la prisión de Guantánamo como sospechosos de pertenecer a Al Qaeda, o los 5.000 niños en Pensilvania que fueron hallados culpables por delitos menores no comprobados, y 2.000 de ellos fueron encarcelados por jueces corruptos que recibieron sobornos de empresas constructoras y propietarias de cárceles privadas, por mencionar algunos de los hechos vinculados a la más que deficiente administración de justicia norteamericana en su propio país.

En cuanto a la violación a los derechos humanos en la prisión de Guantánamo, cabe mencionar que en contraposición a los compromisos, hasta ahora no cumplidos, de cerrar la prisión en Guantánamo, el gobierno norteamericano está a punto de finalizar la ampliación de la cárcel de Bagram en Afganistán, donde alrededor de 600 personas son detenidas ilegalmente, según organizaciones de derechos civiles.

Finalmente se destaca el informe de la investigación llevada a cabo durante tres años por un panel internacional de ocho juristas, a cerca de la lucha antiterrorista liderada por Estados Unidos tras los ataques del 11-S, donde se menciona la serie de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura, desapariciones forzosas, detenciones secretas y arbitrarias, juicios sin garantías, realizadas impunemente durante varios años por el gobierno norteamericano.

Frente a estos hechos, diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionan la legitimidad del informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estado Unidos, a cerca de lo que sucede en Bolivia, donde hace dos décadas los ( EEUU llevaron a cabo el denominado Pla Cóndor en alianza con los gobiernos militares de facto.

Fuente: CMI Sucre.

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